Crónicas del contrabando estatizado y la paradoja de la denuncia de Santos

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El Orinoco y el Magdalena se abrazarán
entre canciones de selva
y tus niños y mis niños
le cantarán a la paz
Alí Primera

El paramilitarismo, el mercado negro que produce el contrabando y la estructura estatal colombiana conforman una Tríada que integra la lógica guerrerista de la oligarquía santanderista colombiana, cuya función histórica se ha encuadrado en una subordinación a los capitales foráneos, en su mayoría estadounidenses.

Las diferentes administraciones que han pasado por la Casa de Nariño no sólo han permitido el establecimiento de 7 bases militares de EEUU sino que abandonan a su pueblo a las fauces de los Tratados de Libre Comercio (TLC), los cuales acarrean desempleo, reducción de la producción nacional, migración del campo a los márgenes de la ciudad, entre otras consecuenciassyu nefastas que aumentan la desigualdad dentro de una sociedad, desgarrada por más de seis décadas a causa de una guerra civil.

Es ingenuo pensar que esta situación no afecta a nuestra República pues la frontera colombo-venezolana es uno de los puntos neurálgicos para la desestabilización y desfalco masivo a las arcas del estado venezolano, a través del contrabando de gasolina y alimentos, así como la manipulación del valor del bolívar. No es casual que las zonas fronterizas sean los territorios de mayor infiltración paramilitar y de entrenamiento de grupos de choque pertenecientes a sectores de la extrema derecha venezolana, como el caso de Lorent Saleh y asociados, Pérez Venta, etc.

En el caso del contrabando de combustible, según el Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia, Juan Ricardo Ortega, el 15% de la gasolina que consume Colombia proviene del contrabando de las fronteras venezolanas [1] y el 80% de la gasolina contrabandeaba la distribuye e incluso exporta la estatal petrolera ECOPETROL, que funge como una contratante de la red de mafias de pimpineros en la frontera. Con el cierre de esta última, estas mafias dejaron de surtir al menos un millón de litros de combustible diarios.

El contrabando de combustible venezolano ha inyectado una cantidad considerable de dinero al Estado colombiano y a su vez, a los pimpineros ligados a los paramilitares a través del mercado negro. El valor de 20 litros de gasolina en Venezuela es de 0,16 dólar (cambio oficial) y lo vende en Colombia por 14 mil pesos colombianos, aproximadamente 19 dólares. Para el estado colombiano, la mafia pimpinera y el paramilitarismo, los tres elementos de la Tríada mencionada anteriormente, se calcula una pérdida de 565 millones de dólares, sólo analizando la extracción ilegal de la gasolina del Táchira. Esta cifra engorda aún más, si calculamos la extracción de gasolina desde el Estado Zulia, que representa el 60% del total del contrabando de combustible (unos 60 mil barriles de gasolina diarios) [2].

La complicidad de los Gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-actualidad) es evidente. Hace once años atrás, a causa de una desaceleración de la producción de petróleo en Colombia durante el año de 2004, ECOPETROL decidió importar combustible desde Venezuela. Tras esta decisión, el expresidente Uribe marca un precedente jurídico para la legalización del contrabando de gasolina venezolana firmando los decretos 2337, 2338, 2339 y 2340, que corformaron el marco legal del ilícito fiscal. Con este mecanismo, el Estado Colombiano comenzó a apropiarse de manera legal de cuantiosas sumas de dinero, al no pagar el diferencial de valor de la gasolina contrabandeada desde Venezuela, y su precio de venta en Colombia.

La estatización del contrabando prosigue durante el gobierno de Uribe. En el año 2008 se legaliza la Cooperativa Multiactiva de ‘Pimpineros’ del Norte (Coomulpinort) autorizada por la alcaldía de Cúcuta bajo la figura de minoristas e importadores de combustible.

El 19 de agosto del presente año ocurrió un ataque de grupos paramilitares a funcionarios de la FANB de Venezuela. Con lo cual establece la causal legal para reponer la gobernabilidad en la frontera con Colombia, y reforzar la seguridad en 10 municipios fronterizos, además de aplicar la medida de cierre de frontera en el paso San Antonio-Cúcuta ubicado en el Edo Táchira; posteriormente el 7 de septiembre, se cierra el paso de Paraguachón localizado en el Edo Zulia. Muchos pensamos que esta medida ha tardado en aplicarse, pues el contrabando transfronterizo de combustible y alimento estaba encrudeciendo aún más la crisis económica de Venezuela a causa de la violación sistemática de la soberanía nacional por parte del Estado colombiano aliado con los pimpineros y en complicidad con sectores de la burguesía venezolana cuya única patria es el dólar.

La guerra económica es una estrategia de amplio espectro que podemos determinar como una de las causas de la crisis económica, que articula diferentes líneas de acción para crear un ambiente de ingobernabilidad y profundizar el caos con el objetivo de declarar a Venezuela como Estado fallido. A nivel internacional, esto busca eliminar el núcleo que aglomera las fuerzas bolivarianas en el continente latinoamericano.

El gobierno colombiano nuevamente se alinea en contra del proyecto bolivariano, pues distorsiona los hechos a fin de esconder la institucionalización ante la opinión pública nacional e internacional, negándose a promover el orden y la institucionalidad en una frontera regida por el paramilitarismo y el parasitismo de las mafias contrabandistas. Por el contrario, desvía la atención mediante un show mediático para intentar beneficiarse de la situación en las venideras elecciones departamentales.

Es así como el presidente Juan Manuel Santos, para darle un toque de rimbombancia y resonar dentro de la opinión pública, hace uso de la retórica de los Derechos Humanos (DDHH) y se compromete a denunciar a nuestro país ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.

Este caso podría servir como ejemplo práctico para explicar lo que es un paradoja política; es decir, que el Estado colombiano se disfraza de defensor de los DDHH mientras, contradictoriamente, está siendo evaluado por el CPI desde el 2004 por los miles de crímenes que no han sido resueltos, cometidos por fuerzas del orden público y paramilitares.

Hemos sido testigos de cómo los DDHH han sido utilizados para justificar actos injerencistas, invasiones y deslegitimar a gobiernos que no se cuadran con los lineamientos centrales de la OTAN, verbigracia, Fidel Castro en Cuba, Muamar el Gadafi en Libia o Bashar al-Asad en Siria, al mismo presidente Nicolás Maduro quisieron inculparlo de crimen de lesa humanidad luego de controlar las guarimbas en el año 2013 y parte de 2014.

Sin embargo la realidad de la hermana República colombiana es difícil esconder. Soportando una guerra causada por las pretensiones hegemónicas de las oligarquías comerciales, promotoras de fuerzas centrífugas que atomizaron la unidad latinoamericana, su situación es radicalmente distinta al Estado Social de Derecho y Justicia establecido en Venezuela desde 1999, del cual los colombianos también han sido beneficiado. Es por eso que el 85% de los colombianos que emigran de su país, residen en Venezuela.

Ante tanta manipulación, es necesario aterrizar el concepto de “crimen de lesa humanidad” para explicar porqué la situación de la frontera no se encuadra en esta categoría.

Según el Estatuto de Roma los crímenes de lesa humanidad se entienden por un ataque premeditado, generalizado y sistemático a una población civil, entre estos actos se puede mencionar, la deportación o traslado forzoso de personas, persecución por motivo racial, nacional, etc., violaciones sexuales, entre otros.

Para que un crimen se considere de lesa humanidad tienen que converger tres elementos fundamentales: 1. Que exista un ataque generalizado y sistemático; 2. Que los actos violentos sea una política de Estado; y 3. el traslado forzoso de personas que este legítimamente asentadas en el territorio.

Es útil acotar que el ataque a la población civil, se caracteriza por una línea de conducta que implica el cometimiento de múltiples actos violentos generalizados, es decir, que afecten a un gran número de personas y se repitan sistemáticamente. Por su parte, la deportación o traslado forzoso se asume como el desplazamiento de personas que residen de manera legítima en un territorio, y que son expulsadas sin motivos autorizados por el derecho internacional.

Basándonos en estas premisas, podemos argumentar que Venezuela no ha incurrido en un crimen de lesa humanidad, pues de 5.600.000 de colombianos (cifra aproximada y que representa una décima parte la población en Colombia y una quinta parte de la población venezolana) [3] sólo se deportaron alrededor de 1000 personas indocumentadas, las cuales se establecían ilegalmente en zonas fronterizas. Más aún, no ha habido crimen de ningún tipo, porque jamás ha habido intencionalidad de parte del gobierno Bolivariano de promover una política chovinista contra la hermana patria de Colombia, sino de hacer efectivo el control de zonas que estaban siendo vulneradas por el contrabando y el paramilitarismo.

El Gobierno colombiano habla sobre los Derechos Humanos (DDHH) mientras dentro de su territorio hay 4716 casos de crímenes de lesa humanidad reconocidos por el Estado y adicional a eso, se registran desplazamientos masivos en 27 de los 32 departamentos colombianos [4], generalmente causadas por grupos paramilitares por el control de zonas estratégicas para el mercado del negro, el narcotráfico y para desocupar zonas de alto potencial energético para las empresas transnacionales.

Podemos sumar al prontuario del Estado colombiano los 489.687 casos de violaciones sexuales por parte de fuerzas de seguridad y paramilitares, muchos de ellos todavía sin una resolución judicial.

Nos preguntamos por qué el Presidente Juan Manuel Santos, el Fiscal General de la República de Colombia, Eduardo Montealegre y el Procurador General, Alejandro Ordóñez en vez de alimentar a la prensa amarillista y hacer comparaciones novelescas de los hechos que ocurrieron el pasado mes en la frontera colombo-venezolana con los ghettos nazis, no se preocupan por hacer frente a las 2505 masacres y los 69 activistas de DDHH asesinados en Colombia durante el 2015.

Estos números no tienen que verse como cifras, son vidas humanas vulneradas por una política de exterminio a favor del incremento del poder económico y político de la oligarquía santanderista. Recordemos que Francisco de Santander por parte de Colombia y José Antonio Páez por parte de Venezuela, fueron los responsables de inaugurar la época de oro para los monopolios comerciales de las oligarquías importadoras y agroexportadoras aliadas al capital foráneo tras la atomización de la República de Colombia en 1830.

La política de doble racero de EEUU ha querido aislar a los gobiernos progresistas y latinoamericanistas de la región. Muestra clara de ello es que mientras el imperio “normaliza” las relaciones con Cuba, se enfoca en aumentar la infiltración de células paramilitares como lo está haciendo en El Salvador con la extradición de Maras e incrementar contingentes militares como el desembarco de 3200 marines en las costas peruanas.

Mientras el Estado colombiano siga promoviendo la institucionalización del saqueo de productos venezolanos no se podrá estabilizar la situación de la frontera colombo-venezolana, mientras se siga aplicando una política ambigua con respecto al mercado negro que el contrabando genera y que a su vez está estrechamente relacionado a la dinámica paramilitarista, no podremos apreciar el fin de la guerra civil.

El gobierno colombiano tiene que decidir de qué lado de la moneda esta, o del lado del paramilitarismo, el contrabando y la guerra o del lado de la soberanía, la unión y la paz. Nosotros decidimos estar del lado de Bolívar y Chávez que siempre apostaron por la construcción de la Patria Grande, por lo tanto el diálogo directo y franco, como el que esperamos que se dé con la mediación con Uruguay, es la única alternativa que tenemos para aportar por ello.


Datos rescatados de:

* ONU denuncia asesinato de 69 activistas colombianos en 2015  – 04 Septiembre 2015 02:15
** Artículo de Dick Emanuelsson “¡18 millones de colombianos consumen gasolina venezolana!”  – 04 Septiembre 2015 02:15
*** Informe de la Corte Penal Internacional sobre el examen preliminar a la República de Colombia.
[1]Artículo de Franco Vielma “Gasolina y energía: cuestiones a fondo sobre el cierre fronterizo”  – 28/08/2015, 12:50 PM. 
[2] Más de 60 mil barriles de gasolina salen por contrabando desde el Zulia  – 09:29 AM 09/02/2015. 
[3] Artículo de Luis Britto García “Frontera” – 06/09/2015 03:45 AM. 
[4] Presentación de Martha Lia Grajares militante de SurDH, Red Alternativa de Derechos Humanos, expuesto en el Foro Permanente de Pensamiento y Acción dedicado a La Frontera y La Patria Grande 4 de septiembre 2015 en las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo (MAC).  . Escuchar:

 

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1 respuesta

  1. guillermo dice:

    excelente articulo

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